Por María Angela Arellano
Organizaciones de la sociedad civil presentaron más de 30 informes ante el Comité de la Convención para la eliminaión de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw por sus siglas en inglés, donde denunciaron la falta de interés del Estado venezolano con lo que respecta a los derechos de las mujeres.
A través del seguimiento que ha llevado la sociedad civil sobre la realidad que viven las mujeres dentro del país en una emergencia humanitaria compleja, refleja la posición del Estado venezolano que ha dejado en el olvido la garantía, promoción y cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres en el país en todos los aspectos posibles.
Las investigaciones realizadas documentan el monitoreo, investigación y contacto directo con las víctimas, ya que de esta manera el Estado venezolano no publica datos y cifras sobre la realidad que viven las mujeres en cuanto al acceso a la salud sexual y reproductiva, el acceso a la justicia, la mortalidad materna, la violencia basada en género, la participación en el mercado laboral, las brechas salariales, los efectos de la crisis de movilidad humana, y un sinfín de aspectos donde los cuales su información es inexistente y esto deja claro deben construirse mejores políticas públicas con perspectiva de género.
El centro de Justicia y Paz (CEPAZ) en su artículo titulado: “Organizaciones denuncian ante la Cedaw la falta de protección de los derechos de las mujeres por parte del Estado venezolano”, desglosó los aspectos importantes sobre las exigencias de la sociedad civil ante el comité de la Cedaw para dar cumplimiento a los derechos de las mujeres, la Red Mérida Feminista participó en varios de estos informes.
A continuación presentamos un resumen de los datos recopilados por Cepaz:
- Participación política de las mujeres: históricamente las mujeres en Venezuela han sido desplazadas de la esfera pública y política, sobre todo de aquellos espacios de alta jerarquía. La subrepresentación de las mujeres en el parlamento (33.5%), en las gobernaciones (9%) en las alcaldías (19%), en la mesa de negociación (33%) y en otros espacios, ha traído como consecuencia que las decisiones que se toman desde estos espacios no se lleven a cabo con una perspectiva de género, y por tanto no se toman en cuentan las necesidades particulares de las mujeres.
- Acceso a la justicia para víctimas de violencia de género: debido a la existencia de estereotipos y violencia de género en el sistema de justicia, las mujeres denunciantes sufren amenazas, maltrato y violencia verbal. Aunado a lo anterior, existen barreras estructurales de acceso a la justicia y en los procesos de denuncia, lo que termina por desmotivar a la víctima. Así pues, no existe un mecanismo de justicia que trabaje sobre el impacto de las víctimas mujeres y atienda sus necesidades. Persiste para ellas un marco de violencia institucional.
- Efectos de la emergencia humanitaria compleja en las mujeres: se registraron 18 millones de personas con necesidades humanitarias en Venezuela, de las cuales 9.5 son niñas, adolescentes y mujeres. La emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres en los distintos ámbitos como el derecho a la salud, a la alimentación, a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, y sus derechos en torno a la situación de movilidad humana.
- Participación en la vida pública y política de las organizaciones jóvenes feministas: los movimientos feministas emergentes tienen capacidades para generar espacios de encuentro, sin embargo, preocupa que el 50% de las agrupaciones han identificado la “criminalización y persecución a las ONG” entre los principales obstáculos para realizar su trabajo. Entre tanto, el 20% de las agrupaciones feministas ha señalado el “rechazo de la sociedad a los temas que trabajan” como uno de los obstáculos para realizar su labor. Mientras que el 100% ha manifestado dificultades para acceder a recursos, desde financiamiento directo hasta recursos físicos.
- Situación de las mujeres en movilidad: según el ACNUR la mayoría las personas venezolanas en situación de movilidad requieren de protección internacional, sin embargo, las mujeres y niñas se enfrentan a vulneraciones exacerbadas en el proceso de movilidad. El aumento de los casos de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna, es solo una muestra de la afectación diferenciada que sufren las mujeres en contextos de movilidad, lo cual, además, ha sido bajo la complacencia del Estado.
El comité de la Cedaw expresó su preocupación por la situación de los derechos de las mujeres en Venezuela y reconoció que las mujeres venezolanas siguen enfrentando prejuicios sociales e institucionales, por lo que este reconocimiento no se traduce en medidas efectivas.
Denunciaron que no tienen claro el funcionamiento de los recursos y ámbitos positivos sobre consejos o comités creados por el Estado venezolano, y, a su vez, refuerzan estereotipos de género dentro de la educación porque no existen reglamentos que se puedan aplicar en la legislación vigente.
Días más tarde luego de la presentación de informes la Cedaw de las Naciones Unidas presentó su informe con las observaciones y recomendaciones para el Estado venezolano, en el que reiteró centrar la atención en los casos de violencia basada en género(VBG) en el país.
Las sugerencias de la Cedaw sobre la situación de los DDHH de las mujeres fueron las siguientes, acá te resumimos el contenido:
1. Fortalecer las medidas para prevenir, enjuiciar y sancionar los casos de violencia de género contra las mujeres, incluso mediante el diseño de un protocolo sensible al género para la investigación de asesinatos por motivos de género (femicidios), la adopción de un plan de acción nacional para combatir la VBG contra las mujeres, incluso violencia cibernética.
2. Adoptar las normas y protocolos sensibles para lograr la implementación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y legislación específica sobre igualdad de género que cumpla con los estándares internacionales.
3. Fortalecer los servicios de apoyo a mujeres y niñas víctimas de VBG, incluso aumentando el número de programas adecuadamente financiados, centros de acogida, sin demora, y que sea posible en el país.
4. Proporcionar a las víctimas acceso a asistencia jurídica, pruebas forenses, asesoramiento psicosocial y rehabilitación.
5. Establecer un sistema de recopilación de datos estadísticos sobre la VBG, incluido el feminicidio.
Finalmente la Cedaw recomendó exponer en su próximo informe periódico información actualizada sobre el número de denuncias, procesamientos, condenas y penas impuestas a los perpetradores u agresores, así como de las reparaciones brindadas a las víctimas.